(Eduardo Madroñal Pedraza) Hay belenes que denuncian la soga de la vivienda. Según el último informe de la Fundación FOESSA de Cáritas, la vivienda asfixia a más de tres millones de hogares españoles y empobrece al resto de las familias que somos el 90% de la población española. Eso, por ejemplo, significa que el 16,8% de las familias quedan por debajo del umbral de la pobreza extrema una vez pagada la vivienda y los suministros básicos.
Como se ha destacado en la presentación del informe ‘Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida’, sólo hace falta tener la sabiduría del ama de casa. Toda persona que lleva la contabilidad de su hogar sabe la fórmula matemática -con apariencia de sencillez, pero con profunda claridad- ‘ingresos menos gastos’. El dominio de uno u otro factor determina la salud de cualquier economía -sea doméstica, nacional o mundial-, y, en estos tiempos de elevadísima inflación y tipos de interés, el coste de la vivienda es la causa clave que enferma a las familias.
La vivienda, un gran pozo sin fondo
Tres millones de hogares (16,8%) quedan además por debajo del umbral de la pobreza extrema una vez pagados los gastos básicos de vivienda. Esta disparidad entre los ingresos y los gastos -unido al elevado porcentaje de trabajadores pobres (11,7%), la baja cobertura de los ingresos mínimos (solo lo perciben el 44% de la población en pobreza extrema)- ha provocado que el porcentaje de hogares en pobreza material severa se sitúe ya en el 8,1% de la población (3,8 millones de personas).
La constante elección entre garantizar el pago de la mensualidad de la vivienda y sus suministros en los primeros días del mes, y descuidar otras necesidades fundamentales del hogar, desde la alimentación a la ropa. Una difícil elección entre vivir en condiciones no dignas -espacios reducidos y hacinamiento- para enfrentar una asfixia económica y cubrir otras necesidades vitales.
Seis propuestas de Cáritas
El estudio de Foessa y Cáritas propone seis medidas. Acciones concretas y efectivas de intervención para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada. Ampliar el número de viviendas sociales en alquiler. Incrementar el número de viviendas de emergencia.
Planificar políticas de empleo para los colectivos con un acceso más complicado al mercado laboral, que tenga en cuenta la situación personal y familiar de la persona trabajadora. Abordar la precariedad laboral. Reducir la temporalidad en los contratos y la parcialidad en las jornadas, y mejorar los ingresos.
Cambios legislativos para que las trabajadoras del hogar, en su gran mayoría, mujeres, alcancen una equiparación plena de derechos laborales y de seguridad social. Establecer unos ingresos mínimos con cobertura suficiente, de acuerdo tanto a los precios reales y el coste de la vida como a la composición familiar.
Empobrecernos a la mayoría social
El atraco de la inflación y los tipos de interés ha convertido la vivienda en un empobrecimiento para muchas familias, no sólo para aquellas con menos ingresos. Los gastos relacionados con el pago de la casa y sus suministros son -con diferencia- los que más se han incrementado en los presupuestos familiares, desequilibrando así las economías de millones de familias en nuestro país.
De hecho, tanto las familias con menos ingresos -que invierten seis de cada 10 euros (63%) en gastos de vivienda, suministros y alimentación- como las familias con un cierto nivel de ingresos -que gastan cuatro de cada 10 euros- sufren un robo sistemático.
La dificultad de acceso a viviendas dignas y precios asequibles es uno de los principales ataques de la oligarquía española y del hegemonismo estadounidense a la mayoría de la población española. Hace falta una acción conjunta. Hay que comprometerse en construir una sociedad en la que nadie se vea excluido y donde las condiciones de vida dignas sean una realidad para todos los ciudadanos.
Los autores del atraco
¿Quién se queda lo que nos quitan a la mayoría? ¿Quién impone el atraco de la vivienda y se beneficia de él? En torno a esta cuestión esencial existe una posición ampliamente difundida entre mucha gente de izquierdas, que confunde el blanco y no señala a quiénes son los dueños del negocio de la vivienda.
Pero los dueños del atraco de la vivienda no son “todos los caseros”. Son las principales burguesías monopolistas, en nuestro país la oligarquía española y el imperialismo estadounidense. Igualar a un pequeño propietario con grandes fondos como Blackstone y bancos como el Santander es ocultar a las clases que convierten la vivienda en un saqueo. El problema no está en el “capitalismo especulativo” ni en “las políticas neoliberales de la derecha”. El problema es el capitalismo, que transforma un bien esencial como la vivienda en un lucrativo negocio para la burguesía monopolista.
Es imposible que el Estado actual, en manos de la oligarquía española y el imperialismo estadounidense, resuelva el atraco de la vivienda. Garantizar el acceso a la vivienda es incompatible con los intereses de la burguesía monopolista. Sólo se puede solucionar cuestionando su dominio de clase.
La vivienda, vital alimento monopolista
La vivienda es uno de los grandes mecanismos de acumulación de capital en manos de las burguesías monopolistas. El negocio de la vivienda en España está dominado por la burguesía monopolista estadounidense, que impone un mayor atraco a la población y se lleva el grueso de las ganancias.
Si la clase dominante estadounidense es dueña ahora de la vivienda en España no es principalmente por el poder económico de sus bancos y fondos. Ha sido la intervención político-militar sobre nuestro país, apoyándose en la sumisión extrema de la oligarquía española. Sin el poder político-militar de la superpotencia y su intervención sobre España, Blackstone no podría convertirse en “el mayor casero de España”.
El atraco de la vivienda no se origina de forma “natural” ni es un fenómeno puramente económico. Para imponerlo las burguesías monopolistas necesitan de la intervención de su Estado. El aumento del dominio de clase del hegemonismo estadounidense y la oligarquía española supone un salto cualitativo en el expolio impuesto a través de la vivienda sobre las rentas del 90% de la población de nuestro país.
